En tal día como hoy, hace ahora dos años, se hundía el Prestige, la mayor catástrofe ecológica de España: más de 1.000 kilómetros de costa contaminada, incluidas 786 playas y el recién estrenado Parque Nacional de las Islas Atlánticas, daños irreparables a la pesca y el marisqueo, entre 65.000 y 130.000 aves afectadas y unas pérdidas económicas estimadas en 2.000 millones de euros, de los que el armador sólo pagará 200. «En cualquier momento puede repetirse una catástrofe semejante en España», afirma rotundo Mario Rodríguez, director de campañas de Greenpeace.
Y es que, desde ese aciago día, poco o nada hemos avanzado para evitar una nueva tragedia. Seguimos sin saber cuál fue el impacto ambiental real y, a falta de estudios científicos, las cofradías de pescadores hablan de un descenso en las capturas del 20-30%. Carecemos de un plan de contingencias para accidentes marítimos. Seguimos sin radares, barcos descontaminadores y satélites que permitan prever y luchar contra una marea negra, por lo que ante otro desastre, deberíamos pedir de nuevo ayuda a Portugal y Francia, mejor preparados que nosotros.
E internacionalmente, nada ha cambiado. Así, los Gobiernos de Grecia, Malta y Chipre acaban de bloquear una directiva europea que incluía la responsabilidad penal en el caso de accidentes marítimos contaminantes. Y los viejos buques monocasco, el 80% de la flota mundial, continúan navegando con impunidad por nuestros mares, más de un millar al año frente a Galicia.
Lo único positivo ha sido acabar con esa bomba de relojería que suponían las 13.000 toneladas de crudo en el interior del petrolero, y la recogida de más de 90.000 toneladas de residuos de las playas, la mayoría por voluntarios.
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